El Gobierno nacional tiene plazo hasta este jueves a las 9:30 para cumplir el fallo judicial que ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque en la Casa Rosada ya anticipan que apelarán ante la Corte Suprema.

Desde el Ejecutivo reconocen que actualmente no cuentan con los fondos para cumplir la medida, cuyo costo estiman en $2,5 billones. Por eso, analizan alternativas para afrontar el pago de forma escalonada, en un contexto donde advierten que la implementación de la ley podría reabrir el déficit fiscal.

La decisión judicial obliga al Estado a actualizar salarios docentes y no docentes, así como a recomponer becas estudiantiles. Sin efecto suspensivo confirmado, el Gobierno debería comenzar a transferir fondos de inmediato, aunque insiste en llevar el caso a la Corte.

Mientras tanto, el conflicto con el sistema universitario continúa escalando, con reclamos por la caída del presupuesto real y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, en medio de tensiones entre el ajuste fiscal y las demandas del sector educativo.