Por decisión del presidente Javier Milei, el Gobierno continúa profundizando el recorte del Estado a través de nuevos planes de retiros voluntarios impulsados por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

La estrategia oficial apunta principalmente a organismos descentralizados, aunque en Casa Rosada ya analizan ampliar el esquema también a áreas de la administración central.

Desde el inicio de la gestión libertaria, la denominada “motosierra” se convirtió en una de las principales banderas del oficialismo. En ese marco, el Gobierno viene avanzando con acuerdos de desvinculación voluntaria en distintos organismos públicos y prevé acelerar el proceso durante los próximos meses.

Según trascendió, la meta oficial para el primer trimestre de 2026 era reducir al menos 5.000 puestos de trabajo. Hasta el momento, más de 2.300 empleados ya aceptaron adherirse a los retiros voluntarios, aunque el Ejecutivo espera que la cifra crezca con nuevas etapas del programa.

Desde el Gobierno aseguran que el sistema es “dinámico” y que cada organismo puede solicitar la apertura de retiros según sus necesidades presupuestarias y operativas.

Entre los casos más relevantes aparecen la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración Nacional de la Seguridad Social, donde se concretaron cerca de 1.000 y 1.170 desvinculaciones respectivamente, equivalentes a alrededor del 10% de sus plantillas.

La política también se aplicó en Radio y Televisión Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil, la Casa de la Moneda y la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística.

En paralelo, el oficialismo prepara nuevos procesos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y estudia implementar retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que cuenta con una planta cercana a los 11.000 trabajadores.

Desde el Ejecutivo destacan que quienes adhieren al esquema no podrán volver a trabajar en el Estado durante cinco años y sostienen que el mecanismo reduce la conflictividad en comparación con despidos tradicionales.

El acuerdo contempla pagos equivalentes a aproximadamente el 90% del salario bruto por cada año trabajado. Según argumentan en el oficialismo, el sistema genera ahorro fiscal y en muchos casos resulta menos costoso que afrontar indemnizaciones.

De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, correspondiente a marzo de 2026, la administración pública nacional y las empresas estatales reúnen actualmente 276.104 empleados, una caída interanual del 6,3%.

En el Gobierno aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, ya se eliminaron más de 65.000 puestos desde el comienzo de la gestión de Milei.