La Universidad de Buenos Aires presentó un pedido formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que avance con rapidez en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y ordene al Gobierno de Javier Milei aplicar de manera inmediata la norma aprobada por el Congreso.

La presentación fue impulsada por el Consejo Superior de la universidad y se conoció apenas un día después de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que movilizó a miles de personas en defensa de la educación pública en distintos puntos del país.

Desde la UBA sostuvieron que la Ley 27.795 impacta directamente tanto en el presupuesto de las universidades nacionales como en la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes.

En el escrito presentado ante el máximo tribunal, las autoridades universitarias remarcaron que el Poder Ejecutivo “no cuenta con un fallo definitivo favorable” que justifique continuar sin aplicar la ley sancionada por el Congreso.

Alerta por el deterioro presupuestario
La universidad advirtió además sobre el fuerte deterioro financiero que atraviesa el sistema universitario público.

Según los datos expuestos por la institución, las transferencias destinadas a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.

La UBA alertó que esta situación afecta áreas sensibles como:

• Becas estudiantiles
• Proyectos de investigación científica
• Funcionamiento de hospitales universitarios
• Salarios docentes y no docentes

Entre los espacios mencionados aparece el Hospital de Clínicas, uno de los principales centros médicos universitarios del país.

Cómo llegó el caso a la Corte
La disputa judicial escaló hasta la Corte Suprema luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal aceptara un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.

Esa decisión dejó suspendida la medida cautelar que obligaba al Estado a transferir los fondos previstos en la ley.

Mientras tanto, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia para intentar destrabar las partidas presupuestarias pendientes.

Qué puede pasar ahora
La Corte Suprema ya está en condiciones de pronunciarse y las expectativas están puestas en la próxima reunión de acuerdo prevista para este jueves.

Según trascendió, el máximo tribunal podría:

• Tratar el fondo del reclamo universitario
• Pedir opinión adicional al Ministerio Público Fiscal
• O rechazar directamente el recurso extraordinario presentado por el Gobierno mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial

Si la Corte optara por rechazar el recurso sin analizar el fondo, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Gobierno a transferir los fondos correspondientes a las universidades nacionales.

Por el momento, mientras la Corte no resuelva, la ejecución de la ley continúa suspendida y el Estado nacional no está obligado judicialmente a realizar las transferencias previstas.