El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su informe de gestión ante el Congreso en un contexto marcado por la tensión política y las investigaciones sobre su patrimonio. Sin embargo, el documento incluyó definiciones clave sobre la situación económica, el crédito, la inflación y el rol del Estado.

Uno de los puntos centrales fue el aumento de la morosidad. Según datos del Banco Central a febrero, el nivel de irregularidad en los préstamos alcanzó el 6,7% del total, mientras que en el segmento de familias llegó al 11,2%.

Desde el Gobierno relativizaron el dato y lo vincularon al crecimiento del crédito: sostuvieron que el sistema financiero “profundizó su rol de intermediación hacia el sector privado” y que el crédito aumentó su peso en relación al PBI. En ese marco, argumentaron que el incremento del riesgo es una consecuencia “esperable” del mayor acceso al financiamiento.

Tasas altas y crédito no bancario
Otro eje del informe fue el nivel de tasas en entidades no bancarias. El Ejecutivo explicó que estas son más elevadas porque sus clientes suelen tener ingresos informales y mayor riesgo crediticio. Además, aclaró que existe un límite legal: las tasas de tarjetas de crédito no pueden superar en más de un 25% el promedio del sistema para préstamos personales.

Cambios en el IPC, aún en análisis
Sobre la actualización del índice de inflación, el Gobierno confirmó que sigue en evaluación la incorporación de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017-2018. Argumentó que cualquier modificación metodológica debe garantizar la comparabilidad de los datos y evitar interpretaciones erróneas que afecten decisiones económicas.

Sin intervención ante la suba de combustibles
En relación al impacto del aumento del gasoil por la guerra en Medio Oriente, el Ejecutivo fue tajante: no habrá intervención estatal. Consideró que el encarecimiento responde a señales del mercado global y que trasladar esos costos es parte del funcionamiento normal de la economía.

“El sistema se ajusta por competencia. Los precios relativos guían la asignación eficiente de recursos”, sostuvo el informe. En esa línea, descartó subsidios, compensaciones o medidas diferenciales, incluso para regiones más afectadas por los costos logísticos.

El Gobierno defendió esta postura al afirmar que cualquier intervención distorsiona precios, genera dependencia del Estado y afecta la propiedad privada.

Con este enfoque, el informe deja en claro la estrategia oficial: priorizar el funcionamiento del mercado, incluso en contextos de presión inflacionaria y aumento de costos, sin aplicar mecanismos de contención directa.