En la presentación judicial, los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly sostienen que la privación de la libertad resulta “ilegal y arbitraria” y que no existen riesgos procesales concretos que justifiquen mantenerla detenida. También remarcan que durante más de una década Godoy se mantuvo a derecho, asistió a todas las citaciones judiciales y no intentó entorpecer la investigación.
Los defensores argumentan además que el propio juez que decidió concederle la domiciliaria, Emir Alfredo Caputo Tártara, reconoció la necesidad de aplicar una medida menos gravosa y dispuso una morigeración de la detención mediante arresto domiciliario, aunque su implementación quedó supeditada a la disponibilidad de un dispositivo de monitoreo electrónico.
Patricia Godoy
Pedido de pulsera electrónica para Patricia Godoy
En ese contexto, el hábeas corpus plantea que la demora en la colocación de la pulsera electrónica termina prolongando de forma indebida el encierro carcelario, por lo que reclaman que se disponga su libertad o que se haga efectiva de inmediato la domiciliaria.
Tal como informó previamente 0221.com.ar, el juez finalmente concedió el arresto domiciliario a Godoy mientras continúa el proceso judicial con las instancias de apelación, decisión que se fundamentó en su situación de vulnerabilidad y en informes médicos que advierten que el encierro podría agravar su estado de salud mental.
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La “vulnerabilidad” de la detenida
En la presentación también se menciona que Godoy se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico desde hace años, tras el femicidio de su hija ocurrido en 2011, un hecho que —según la defensa— tuvo un fuerte impacto emocional que se mantiene hasta la actualidad.
Por estos motivos, los abogados sostienen que mantenerla en una unidad penitenciaria resulta desproporcionado y que existen alternativas menos gravosas, como la excarcelación o el cumplimiento de la medida bajo arresto domiciliario con monitoreo.
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