El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que combina un nuevo régimen de sanciones por actividades económicas en las Islas Malvinas con cambios más amplios en materia de seguridad, defensa, inteligencia y protección del espacio aéreo y marítimo.

El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados y ahora deberá atravesar el debate en comisiones antes de llegar al recinto. Según informó oficialmente el Ejecutivo, la iniciativa está construida alrededor de tres ejes: penalizar determinadas actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina, generar mecanismos para que empresas abandonen esas operaciones y fortalecer las herramientas del Estado frente a amenazas externas.

Las sanciones ya no se limitan al petróleo

Uno de los principales cambios es que el nuevo régimen no estaría restringido exclusivamente a los hidrocarburos.

El proyecto alcanza a la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, por lo que podría incluir actividades vinculadas con pesca, minería y otros sectores económicos que se desarrollen en las islas o en espacios marítimos sobre los cuales Argentina reclama derechos soberanos.

También amplía el universo de personas y compañías alcanzadas.

Las sanciones pueden extenderse a socios, accionistas, controlantes y proveedores que aporten bienes, servicios, logística, financiamiento o asesoramiento considerados esenciales para llevar adelante una actividad alcanzada por la ley.

Penas de prisión y multas millonarias

El texto establece diferentes niveles de sanción según la actividad.

Quienes suministren bienes o servicios esenciales sabiendo que serán utilizados para determinadas operaciones prohibidas podrían enfrentar penas de cinco a siete años de prisión, además de multas e inhabilitaciones comerciales.

Para actividades de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas previstas van de 12 a 15 años de prisión.

La explotación de otros recursos naturales no renovables podría recibir condenas de 12 a 20 años, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos tendría las penas más elevadas: entre 15 y 20 años de cárcel.

Las multas se calcularían tomando como referencia el valor de barriles de petróleo y, en los casos más graves, podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles.

También se contemplan inhabilitaciones comerciales que, según la conducta sancionada, podrían extenderse durante varios años.

Consecuencias para operar dentro de la Argentina

El proyecto no se limita a las sanciones penales.

Las empresas involucradas también podrían enfrentar la revocación de habilitaciones, rescisión de contratos y restricciones para contratar con el Estado argentino, además de otras limitaciones para desarrollar actividades económicas dentro del país.

El esquema busca aumentar el costo económico para compañías que participen directa o indirectamente de proyectos que el Estado argentino considere realizados sin su autorización.

Un mecanismo para abandonar las actividades

La iniciativa también crea un Régimen de Desistimiento y Regularización.

Las empresas que hayan participado de las actividades alcanzadas podrían solicitar su incorporación si demuestran que dejaron de realizarlas y asumen el compromiso de no retomarlas.

El mecanismo contempla alternativas como el pago de multas o la reconversión de inversiones hacia actividades permitidas dentro del territorio argentino.

En determinadas circunstancias, acogerse al régimen podría incluso permitir la extinción de la acción penal.

Juicios aunque los acusados no estén en el país

Otra modificación importante es la incorporación de los delitos previstos en la iniciativa al régimen de juicio en ausencia.

Esto permitiría que determinados procesos penales continúen aunque las personas acusadas no se encuentren a disposición de la Justicia argentina.

El proyecto, además, reemplazaría el régimen actualmente establecido por la Ley 26.659 para las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.

Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional

La propuesta excede ampliamente la cuestión económica vinculada con Malvinas.

También crea un Sistema de Seguridad Nacional destinado a coordinar herramientas diplomáticas, económicas, jurídicas, militares, de inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.

En la cima del sistema estaría un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por distintas autoridades del Poder Ejecutivo.

El organismo tendría facultades para coordinar políticas y solicitar información a dependencias del Estado.

Ante determinadas amenazas externas consideradas graves e inminentes, podría proponer medidas económicas como restricciones sobre operaciones financieras, comercio exterior, contratos o activos vinculados con el Estado extranjero involucrado.

Qué cambia en la protección aérea

El proyecto incorpora además un régimen específico para actuar ante aeronaves consideradas irregulares u hostiles.

El procedimiento contempla distintas etapas de detección, identificación, comunicación e interceptación antes de llegar al eventual empleo de la fuerza.

El Gobierno sostiene que el objetivo es reducir zonas grises en los protocolos actualmente vigentes y hacer más clara la cadena de decisiones.

La propuesta no establece un derribo automático de cualquier aeronave irregular: el uso de la fuerza aparece planteado como una instancia final dentro de una secuencia de procedimientos.

Nuevas reglas para actuar en el mar

Un esquema similar se plantea para el ámbito marítimo.

Las autoridad